Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia

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Codhez alerta sobre nuevo allanamiento a la inmunidad parlamentaria de diputados opositores de la Asamblea Nacional

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Diciembre 24, 2019

El pasado martes 22 de octubre, medios de comunicación oficiales anunciaron el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado por el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, quien pertenece al partido Primero Justicia. Ese mismo día, se habría aprobado la moción en una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, autorizando al Poder Judicial para continuar las investigaciones en contra del parlamentario zuliano.

Hasta la fecha de hoy, la sentencia, supuestamente emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, no ha sido divulgada en la página web del ente oficial.

Este caso se suma al levantamiento de la inmunidad parlamentaria a 30 diputados de la Asamblea Nacional, incluyendo a Juan Guaidó, el Presidente del parlamento, tal como lo registró la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien reportó 22 de estos allanamientos en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en julio de 2019.

Estos parlamentarios han sido acusados de traición, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil y asociación, entre otros cargos. Unos 16 diputados han buscado protección en embajadas extranjeras, otros han abandonado el país o se encuentran en la clandestinidad.

Desde la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), rechazamos la persecución y el ataque a la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional, opuestos al gobierno de Nicolás Maduro, como fórmulas para impedir el ejercicio de sus funciones constitucionales de representación, legislación y control, y que evidencian el quebrantamiento del orden democrático en el país. A su vez, reiteramos el carácter ilegitimo emanado de las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

Tal como se refirió en el informe presentado por Michelle Bachelet, el gobierno de Nicolás Maduro sigue aplicando medidas antidemocráticas que tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores políticos y críticos al gobierno. A pesar de las recomendaciones y acuerdos establecidos con las instancias internacionales, la política represiva del gobierno sigue complicando la situación política y social de Venezuela.

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