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Venezuela es responsable por haber posibilitado los hechos de tortura y esclavitud sexual cometidos en perjuicio de Linda Loaiza L贸pez Soto

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Codhez

Diciembre 19, 2018

San Jos茅, Costa Rica, 16 de noviembre de 2018. - En la sentencia notificada en el d铆a de hoy reca铆da en el Caso L贸pez Soto y otros Vs. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (聯Corte聰 o 聯Tribunal聰) encontr贸 al Estado de Venezuela responsable por los hechos de tortura y violencia sexual sufridos por Linda Loaiza L贸pez Soto, todo ello en violaci贸n de varias disposiciones de la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos, la Convenci贸n Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y la Convenci贸n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 聯Convenci贸n de Bel茅m do Par谩聰. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aqu铆 y el texto 铆ntegro de la sentencia puede consultarse aqu铆.

El 27 de marzo de 2001 la joven Linda Loaiza L贸pez Soto, quien al momento de los hechos ten铆a 18 a帽os de edad, fue secuestrada por un particular, quien la mantuvo privada de libertad durante casi cuatro meses, hasta el 19 de julio de 2001, d铆a en el que fue rescatada por personal policial y del cuerpo de bomberos. Durante ese tiempo fue sometida de manera continua a diversos actos de violencia f铆sica, verbal, psicol贸gica y sexual, incluyendo la ingesta forzada de alcohol, drogas y medicamentos, privaci贸n de alimentos, reiteradas violaciones vaginales, anales y con objetos, as铆 como golpes que le provocaron traumatismos contusos y hematomas en el rostro, los pabellones auriculares, el t贸rax y el abdomen, fractura de la nariz y la mand铆bula, entre otros. Debido a las m煤ltiples lesiones que presentaba luego de su rescate, la Sra. L贸pez Soto tuvo que pasar casi un a帽o hospitalizada y someterse a 15 cirug铆as.

Tras el rescate se inici贸 un proceso penal contra el agresor. Se llevaron a cabo dos juicios orales, ya que el primero fue anulado. A ra铆z del segundo proceso penal, el agresor fue condenado por los delitos de privaci贸n de la libertad y lesiones grav铆simas, pero absuelto por el delito de violaci贸n. En la actualidad, se encuentra pendiente la revisi贸n del proceso en lo atinente al delito de violaci贸n.

En la sentencia notificada el d铆a de hoy, la Corte Interamericana determin贸 que el Estado fue responsable por la reacci贸n insuficiente y negligente de los funcionarios p煤blicos que, al menos desde el 26 de mayo de 2001 (d铆a en que la hermana de la Sra. L贸pez Soto interpuso una denuncia ante la polic铆a), ten铆an conocimiento del riesgo. La Corte destac贸 que dichos funcionarios p煤blicos no solo no adoptaron las medidas que razonablemente eran de esperarse, incumpliendo con la debida diligencia para prevenir e interrumpir el curso de causalidad de los acontecimientos, sino que adem谩s su accionar caus贸 alerta al agresor. Al respecto, la Corte聽consider贸 que la noticia de un secuestro o de una desaparici贸n de una mujer obliga a activar el deber de debida diligencia reforzado del Estado, toda vez que esas circunstancias generan un escenario propicio para la comisi贸n de actos de violencia contra la mujer, e implican una particular vulnerabilidad a sufrir actos de violencia sexual, lo que de por s铆 conlleva un riesgo a su vida e integridad, independientemente de un contexto determinado, cuesti贸n que ocurri贸 en el presente caso.

En este sentido, la Corte destac贸 que la respuesta del personal policial se bas贸 en estereotipos de g茅nero negativos bajo los cuales se entend铆a que lo sucedido era una 聯cuesti贸n de pareja聰 que deb铆a quedar exenta de intervenci贸n estatal. Por lo tanto, la Corte concluy贸 que el Estado es responsable porque, 聯en raz贸n de su grosera omisi贸n聰, hizo posible la esclavitud sexual y los actos de tortura a los que fue sometida la Sra. L贸pez Soto.

Adicionalmente, la Corte constat贸 que la falta de un marco legal especializado que asegurara la intervenci贸n de funcionarios policiales y judiciales debidamente capacitados para la tramitaci贸n e investigaci贸n de denuncias por casos de violencia contra la mujer en todas sus modalidades y 谩mbitos de ocurrencia, as铆 como la inexistencia de reglas concretas capaces de orientar a los operadores, tanto en la recolecci贸n de evidencias como en el tratamiento de las v铆ctimas de este tipo de casos, constituyeron factores fundamentales que contribuyeron tanto a las fallas y omisiones constatadas en el proceso de investigaci贸n, como a la revictimizaci贸n de Linda Loaiza L贸pez Soto. Por otra parte, la tipificaci贸n inadecuada del delito de tortura conllev贸 a que este fuera desestimado y se utilizara un tipo penal menos gravoso.

Asimismo, la Corte determin贸 que los procesos ante los tribunales venezolanos no se desarrollaron en un plazo razonable, constat谩ndose a su vez la falta de adecuaci贸n y efectividad de las medidas de protecci贸n e investigaci贸n de las amenazas y hostigamientos hacia la Sra. L贸pez Soto, sus familiares y su abogado.

Por lo anterior, el Tribunal concluy贸 que el Estado viol贸, en perjuicio de Linda Loaiza L贸pez Soto, los derechos al reconocimiento de la personalidad jur铆dica, integridad personal, prohibici贸n de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibici贸n de la esclavitud, libertad personal, garant铆as judiciales, dignidad, autonom铆a y vida privada, circulaci贸n y residencia, protecci贸n judicial e igualdad ante la ley, todo ello en relaci贸n con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos, de no discriminar y de adoptar medidas de derecho interno. En cuanto a los familiares de la Sra. L贸pez Soto, la Corte concluy贸 que, debido a la incertidumbre y al trato que recibieron, el Estado viol贸 su integridad personal.

En raz贸n de estas violaciones, la Corte orden贸 diversas medidas de reparaci贸n.

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La composici贸n de la Corte para la emisi贸n de la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente (M茅xico); Juez Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Juez Eugenio Ra煤l Zaffaroni (Argentina) y Juez Patricio Pazmi帽o Freire (Ecuador). La Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), no particip贸 en la deliberaci贸n ni firma de la Sentencia por razones de fuerza mayor aceptadas por el Pleno del Tribunal.

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Comunicado CorteIDH

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